Con 44 votos a favor, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó, en Sesión Extraordinaria, la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Esta reforma reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Especifica los derechos culturales, lingüísticos, de defensa legal, de organización económica y social y de participación en consultas.
Aborda asimismo las obligaciones de las autoridades para impulsar el desarrollo comunitario y regional, determinar las asignaciones presupuestales, afianzar la protección del patrimonio cultural, fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe, dar perspectiva intercultural al acceso a la salud y garantizar el derecho a la alimentación.
Además, asegurar la participación efectiva de las mujeres indígenas, en condiciones de igualdad, en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, su acceso a la educación, así como a la propiedad y posesión de la tierra; su participación en la toma de decisiones de carácter público y la promoción y el respeto de sus derechos humanos.
Esta actualización del máximo ordenamiento federal reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus formas propias de organización social, económica, política y cultural, su derecho a la protección de su identidad y patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual.
También, el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra, entre otros.
De igual forma, el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a la educación, la salud, la tecnología, al arte, la cultura, el deporte, la capacitación para el trabajo y una vida libre de exclusión, discriminación y violencia.
Posicionamientos
En uso de la voz, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Lidia Irma Mezhua Campos manifestó que, con esta reforma, al contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, los pueblos indígenas y afromexicanos podrán recibir y ejecutar recursos presupuestales con lo que se reducirán los niveles de desigualdad y los rezagos sociales; además, se les consultará en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y modo de vida.
A su vez, la diputada Itzel Yescas Valdivia, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Veracruz ocupa el tercer lugar demográfico de personas afrodescendientes y que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 46 de los 212 municipios veracruzanos son indígenas, 25 tienen presencia de las etnias, además de que en la entidad se habla 15 variantes de lenguas madre.
En nombre del Grupo Legislativo Mixto “Por Amor a Veracruz Verde”, la legisladora Ruth Callejas Roldán precisó que, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, en México hay 25 millones 694 mil 928 personas indígenas, el 25.5 por ciento de la población total del país; de ellos, siete millones 382 mil 785 personas que hablan una lengua indígena, el 6.5 por ciento de la población nacional. De cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español. En Veracruz, existen 13 regiones indígenas, más las afromexicanas, alojadas en más de dos mil 192 localidades de 104 municipios de la entidad.
El diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín, del Grupo Legislativo Mixto “Por un Veracruz de Resultados”, refirió el apoyo dado a lo largo de la presente legislatura a los proyectos en favor de estas comunidades y afirmó que la actual reforma es un paso más en el reconocimiento de los derechos de las y los habitantes de las siete sierras de la geografía veracruzana.
Posteriormente, el legislador José Luis Tehuintle Xocua, del Partido del Trabajo (PT), dijo que esta reforma tiene vasta legitimidad social y política y representa un ejercicio para que el conocimiento social generado impacte en la elaboración de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de dichas comunidades.
Por último, el diputado Bonifacio Castillo Cruz, del Distrito VI de Papantla, distinguió la grandeza de las culturas originarias que perviven en el país y en el estado y que siguen aportando su saber ante la diversidad de los retos del presente.
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